Abren juicio a Garzón por perseguir al franquismo

El juez Varela obliga al consejo del Poder Judicial a decidir mañana si lo suspende
Abren juicio a Garzón por perseguir al franquismo; vetan su traslado a La Haya

Queda en evidencia la baja calidad de la justicia española, denuncia vocero de Izquierda Unida
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 22

Madrid, 12 de mayo. El juez del Tribunal Supremo Luciano Varela decretó hoy la apertura del juicio oral contra su homólogo de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por sus investigaciones sobre los crímenes de la dictadura franquista (1939-1975), y por sus acciones para ayudar a recuperar los restos de víctimas que yacen en fosas comunes. Varela cierra así el paso a un eventual traslado de Garzón a la Corte Penal Internacional y obliga al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a decidir, este viernes, la suspensión temporal del magistrado.

Garzón vive un cerco judicial desde hace meses, cuando se presentaron casi de forma simultánea sendas querellas por sus investigaciones sobre los crímenes del franquismo y el escándalo de corrupción que afecta al derechista Partido Popular (PP).

El magistrado, conocido internacionalmente por juzgar al dictador chileno Augusto Pinochet, está al borde de ser apartado de la carrera judicial por grupúsculos como Falange Española y Manos Limpias, de extrema derecha y vinculados a los resabios franquistas; y, por otro lado, por el conservador PP y algunos de sus dirigentes acusados de corrupción, que tienen una enorme influencia en la magistratura.

El juez instructor Luciano Varela, además de ser un viejo enemigo de Garzón en la magistratura, adoptó hoy una medida que no sólo rompe con la doctrina del propio Tribunal Supremo –que impide abrir juicio oral cuando no hay acusaciones firmes por parte del ministerio fiscal o la acusación–, sino que adoptó la medida un día después de que Garzón solicitó una excedencia de siete meses para trabajar como "consultor externo" en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

El magistrado responde en su auto al fiscal, que solicitó el archivo de la causa al considerar que no había delito que perseguir y que el juez habría incurrido en una mala praxis jurídica. Varela señala que el fiscal "omite, olvida o ignora que no resulta admisible en derecho que el fiscal emplace a este instructor a que decida en contra del criterio del Tribunal Supremo", al defender la doctrina del alto tribunal en cuanto a la apertura de juicio oral sin el aval del ministerio fiscal.

En lugar de La Haya, Garzón se enfrentará de manera inminente a una suspensión temporal –el próximo viernes– y a una posible pena de más de 10 años de inhabilitación, en caso de que sea encontrado culpable de prevaricación, lo que supondría su retiro definitivo de la justicia española.

El proceso, que ha dividido a España entre los que apoyan al juez y los que lo quieren en el banquillo, comenzó con una querella por prevaricación presentada por el autodenominado sindicato Manos Limpias.

Esta organización de ultraderecha no cuenta con representación oficial en ningún centro de trabajo en España y está liderada por Miguel Bernad, ex dirigente de Fuerza Nueva, otra formación de extrema derecha.

A Manos Limpias se unió la organización Libertad e Identidad. Y posteriormente presentó otra querella Falange Española de las JONS, heredera del partido único sobre el que se asentó la dictadura de Francisco Franco, si bien esta formación fue expulsada del proceso recientemente.
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El juez de la Audiencia Nacional de España, Baltasar Garzón, sale de la corte, ayer en Madrid, luego de enterarse que el juez Luciano Varela decretó la apertura del juicio en su contra por el delito de prevaricaciónFoto Reuters

Las organizaciones de ultraderecha sostienen que Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la ley de amnistía de 1977.

Garzón defiende que el derecho internacional está por encima y que sí podía hacerlo.

Pero después de haber acusado al dictador Francisco Franco y a 44 funcionarios de su régimen, todos ya fallecidos, de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de más de 100 mil personas durante esa etapa de la historia de España, Garzón se vio obligado, en noviembre de 2008, a abandonar la investigación, al verse confrontado con un contundente recurso de la fiscalía.

Su abandono fue un duro golpe para los familiares de las decenas de miles de víctimas. La investigación pasó entonces a manos de los distintos juzgados territoriales del país.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, así como numerosos colectivos de defensa de los derechos humanos y prestigiosas organizaciones, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, expresaron su preocupación e indignación ante un proceso con "claros tintes políticos" y que pone de nuevo de relieve el "cariz franquista" de una parte "muy importante" de la justicia española.

Mientras que el vocero de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, denunció hoy la "cacería" y el "intento de liquidación" del juez Garzón, al considerar que "la decisión del juez Varela de abrir el juicio oral tan sólo 24 horas después de conocerse la intención de Garzón de trasladarse a La Haya, demuestra que no nos encontramos ante un juzgado democrático". Estaríamos, según Llamazares, "ante una cacería, en la que no se trata de juzgar los hechos, sino de liquidar a un juez. En nuestra opinión, este proceso es totalmente injusto y demuestra una baja calidad de la justicia en nuestro país".

Entre los numerosos casos que investiga actualmente el juez Garzón destacan los relacionados con ETA y su llamado "entorno", las proscripciones de dos formaciones políticas vascas con supuestos vínculos con el grupo armado: el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), una operación contra la mafia rusa en la costa del sol español y algunos cabos sueltos de la trama de corrupción que afecta al PP.

En otro asunto, el Tribunal Supremo también acordó hoy reabrir un apartado del caso de corrupción que afecta a la derecha. Se trata del PP de la Comunidad de Valencia y su gobierno autonómico, presidido por Francisco Camps, vinculado a los principales personajes del escándalo. Lejos de anunciar su dimisión, el presidente valenciano anunció que seguirá en su cargo, que se presentará a las próximas elecciones y que cuenta con el respaldo de su partido, encabezado por el máximo líder, Mariano Rajoy.