LEE, FIRMA Y DIFUNDE
NO A LA DESTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA (ABRIL 2012)
RECLAMAMOS LA FIRMA DEL MAYOR NÚMERO DE PERSONAS COMO
EXPRESIÓN DEL COMPROMISO UNIVERSITARIO PARA DEFENDER LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE
LA GRAN AMENAZA QUE SUPONEN LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y COMO
MANIFESTACIÓN DE NUESTRA VOLUNTAD DE MOVILIZARNOS CONTRA ELLAS.
QUEREMOS VUESTRA FIRMA, PERO NO SOLO ESO.
NECESITAMOS VUESTRO APOYO ACTIVO Y VUESTRA PRESENCIA
EN LAS MOVILIZACIONES QUE PERMITAN DEROGAR EL DECRETO Y PONER FIN A UNOS
RECORTES QUE DESTRUYEN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA QUE, SOBRE TODO, PRECISAN LOS SECTORES DE
MENOR RENTA DE NUESTRA SOCIEDAD.
Quienes firmamos este escrito, miembros de la
comunidad universitaria de todas las universidades españolas
manifestamos nuestro más absoluto rechazo a las medidas de recorte
presupuestario tomadas por el gobierno porque entendemos que suponen un
atentado gravísimo y sin precedentes que amenaza la supervivencia del servicio
público de la enseñanza superior.
1. Las medidas acordadas por el Consejo de Ministros
responden a una grosera improvisación. No son el resultado de un
análisis detenido de los problemas que pudiera tener la universidad española,
sino la consecuencia de dar el hachazo primero y luego tratar de encontrar
argumentos que puedan justificarlo. Una prueba palpable de ello es que los
recortes de gasto, la reducción de efectivos y el cambio de normas se realizan
antes de que ni siquiera comience a funcionar la comisión nombrada por el
Ministerio para que haga propuestas de reformas. Una comisión que igualmente
rechazamos de plano porque, con independencia de la muy alta categoría
profesional de todos y todas sus componentes, no refleja el pluralismo
ideológico de nuestra sociedad y sobrevalora la influencia de los intereses
bancarios privados a la hora de definir el mejor ordenamiento de la universidad
pública española.
2. Para abrir paso a esas medidas y para apoyar los
recortes, el propio Ministro y otros dirigentes políticos del Partido en el
Gobierno han dado datos incorrectos o han dicho mentiras que
confunden y engañan a la opinión pública:
• Para
argumentar que en España hay demasiadas
universidades el Ministro ha manifestado que en California hay 10,
cuando en
realidad hay 146. En contra de lo que dice el Gobierno, es fácil deducir
que en
España más bien hay pocas universidades: los dos países que tienen mayor
número
de centros universitarios de investigación de excelencia entre los
mejores del
mundo son Estados Unidos y el Reino Unido, y en ellos hay una
universidad por cada
94.000 y 253.000 habitantes, respectivamente; mientras que en España hay
una por cada 582.000 (Estos datos y los siguientes en José Antonio
Pérez García
y Juan Hernández Armenteros, Reforma universitaria: preguntas erróneas,
respuestas incorrectas. El País, 16-4-2012).
• Para hacer creer que es baja la calidad de nuestros
centros universitarios, que combinan la docencia y la investigación, el
Ministro los compara con rankings en los que la inmensa mayoría son solo
centros de investigación y, sobre todo, sin hacer mención a que 99 de los 100
primeros están en países que casi doblan el gasto en I+D+i sobre el PIB de
España.
• Para
exagerar el coste del fracaso escolar el Ministro
ha afirmado que el 30% del alumnado abandona la universidad sin
terminar,
cuando la realidad es que ese 30% se refiere al cambio de titulaciones y
que el
abandono definitivo solo es del 12%. Y tanto el Ministro como la
Secretaria General del Partido Popular han difundido la idea falsa de
que el coste de ese
abandono (exagerado) es de 3.000 millones de euros, una cifra equivocada
y sin
fundamento empírico ninguno.
3. Denunciamos que lo que viene haciendo el gobierno
para justificar los recortes de presupuesto es simplemente una campaña
contra la universidad pública que solo puede calificarse, cuando menos,
como desleal. El Ministro se empeña en decir a la ciudadanía que nuestra
universidad es ineficaz, cara e inútil para crear empleo y le oculta la
realidad:
• Los estudios internacionales muestran que nuestra
docencia y productividad científica son equiparables a la de los países de la
OCDE a pesar de que aquí invertimos anualmente un 20% menos en recursos.
• El 79% de quienes obtienen su título en España lo
hacen en la “edad típica” de obtenerlos, frente a un 70% de la OCDE y a pesar
de que aquí dedicamos a becas la tercera parte que la media de los países de
esa organización y con menor gasto por estudiante.
• La tasa de paro de los y las egresadas universitarias
es la mitad que la del resto de la población y todo ello se consigue en la
universidad pública con un coste por estudiante que es un 25% más bajo que el
de la privada.
4. A los recortes
realizados en los
Presupuestos Generales del Estado en las partidas destinadas a la
investigación, ahora se suman las consecuencias del Real Decreto Ley de
racionalización de gasto público en el ámbito educativo que van a
impedir desarrollar con la necesaria calidad el servicio público de la
enseñanza superior tan necesario para el progreso de nuestra sociedad.
Denunciamos en particular que las medidas adoptadas por el Gobierno son
un
atentado gravísimo contra el desarrollo de la actividad investigadora,
que es uno de los motores más potentes del progreso de una nación y de la
competitividad económica que tanto reclama. Unos motores que se resienten
cuando se aumentan las obligaciones docentes al mismo tiempo que se recortan
recursos para la investigación. O cuando se encarece el precio de los másteres
y se anula a la vez el sistema de préstamos renta y se disminuyen las becas, porque
eso dará lugar a que no sean las personas de mayor talento quienes puedan
acceder a la carrera investigadora, sino solo las de más ingresos. Y
denunciamos que son un golpe brutal al principio de igualdad de
oportunidades porque el aumento indiscriminado de las matrículas, sin
estudiar previamente los efectos de otras distintas posibilidades más justas y
eficientes de fijar sus precios, disminuyendo al mismo tiempo las becas, solo
dará lugar a que las personas de rentas más bajas tengan más difícil acceder a
los estudios universitarios.
El aumento de las dedicaciones docentes, en función de
los criterios establecidos en el RD, elude las consecuencias a corto y largo
plazo de tales medidas: se toman antes de revisar o consensuar con la comunidad
docente/investigadora los criterios y baremos establecidos para la obtención de
tramos investigadores en función de la naturaleza variable de la producción
científica de las diversas disciplinas; así, la mayor carga de docencia
recaería en quienes "menor investigación realizan", con lo cual cabe
pensar en que la docencia no se beneficiaría de la lógica retroalimentación del
avance científico; por último, se da un golpe a la promoción de la
investigación y de los investigadores e investigadoras, pues con más contratos
precarios y mayor actividad docente tendrán más dificultades para lograr tramos
de investigación.
5. Quienes firmamos esta declaración sabemos que en
nuestra institución hay problemas, que se pueden y se deben optimizar los
recursos que la sociedad nos proporciona, y estamos dispuestos a contribuir con
nuestro esfuerzo a que el servicio público universitario funcione mejor y con
mayor ahorro de recursos. Tenemos la convicción de que hay que mejorar la
adecuación de la oferta a la demanda de estudios, hoy día muy desequilibrada,
coordinar mejor los mapas de titulaciones o acoplar las plantillas de
profesorado a las necesidades reales de la docencia y la investigación, entre
otras cosas. Pero eso no puede llevarnos al engaño. Nada de eso se puede
conseguir con menos recursos, poniendo en peligro lo bueno que han tenido las
reformas de los últimos años, cerrando el paso a cualquier estrategia de
diálogo y dificultando el acceso a la universidad y a la carrera universitaria
a las personas de rentas más bajas.
De esta manera, disminuyendo recursos a un sistema ya
de por sí necesitado de ellos, y sin propuestas que realmente supongan una
mejora de su uso, por mucho que se hable de "racionalización", el
gobierno solo va a conseguir deteriorar el sistema universitario español y, en
consecuencia, la evolución negativa de nuestra economía y el empleo, la
situación de las empresas y el bienestar social. La evidencia histórica nos
indica que eso es lo que sucede cuando se adoptan medidas como las aprobadas
por el Gobierno español. Y esa evidencia, junto a las crecientes facilidades
que se vienen dando a los centros privados, es lo que nos lleva a denunciar que
la estrategia que en realidad se viene persiguiendo en este como en otros
servicios públicos es su privatización progresiva para convertirlos en
simples negocios privados con independencia de que así queden millones de
españoles y españolas sin poder acceder a ellos.
Por todo esto, llamamos a todas las personas que forman parte de la comunidad
universitaria, con independencia de sus ideas políticas y simplemente amantes y
defensores de la universidad pública, a que suscriban este escrito con su firma,
a que lo divulguen y a que asistan a las convocatorias que se harán en todas
las universidades frente a los rectorados para reclamar a nuestros máximos
representantes que defiendan estas ideas y rechacen de plano los recortes del
gobierno por suponer un atentado gravísimo y de efectos terribles para el futuro
inmediato de la sociedad y de la economía española. Y en concreto, para que con
su firma exijan firme y directamente al Presidente del Gobierno la dimisión del Ministro de Educación y
Cultura y la retirada inmediata del Real Decreto de
"racionalización" del sistema educativo porque simplemente significa
la destrucción del sistema público que con tanto esfuerzo y siempre con
insuficientes recursos hemos podido levantar en los últimos años con una
calidad y alcance social de la que, a pesar de todo, nos sentimos orgullosos y
orgullosas.
Abril 2012
1 comentario:
Gracias por colgar esta importante información, Mª Paz. Un saludo. Pedro López López
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